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Fecha de publicación: 21/02/2012

Nuevo decreto de Administración electrónica

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de Administración electrónica.

Este decreto forma parte de la estrategia del Gobierno Vasco en materia de Administración electrónica, uno de los ejes estratégicos del Plan de Innovación Pública (PIP) aprobado el año pasado, que persigue poner a disposición de la ciudadanía a través de Internet el 100% de los servicios que presta el Gobierno Vasco y, al mismo tiempo, reducir en un 30% las cargas administrativas que soportan ciudadanos y empresas.

Los objetivos concretos del decreto son:

  • Convertir a la Comunidad Autónoma de Euskadi en referente en Administración electrónica e innovación.
  • Incrementar el uso de medios electrónicos en la tramitación administrativa.
  • Fomentar la cooperación interadministrativa y la interoperabilidad.
  • Garantizar y respetar rigurosamente los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.

El Decreto, que es de aplicación a la Administración general de la CAV, así como a los entes públicos y demás entidades del sector público, reúne en un único texto normativo la regulación de los instrumentos necesarios para el funcionamiento de la Administración electrónica y desarrolla las bases jurídicas establecidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y su desarrollo posterior.

Un decreto anterior, del año 2007, regulaba la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos, pero no abordaba cuestiones fundamentales que ahora se incluyen en esta norma, como son: la sede electrónica, el tablón electrónico, el registro de representantes, el documento electrónico o el archivo electrónico. Otra novedad de este decreto es que flexibiliza los sistemas de firma para identificar y autenticar las actuaciones de la ciudadanía.

A partir de la entrada en vigor de este decreto, la ciudadanía no estará obligada a presentar los datos y documentos que puedan ser consultados a través del servicio de verificación de datos. Esto es, el DNI, el empadronamiento o los certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias o en los pagos a la Seguridad Social.

Además, las oficinas de registro que cuenten con los medios necesarios deberán obtener copia electrónica de los documentos presentados y devolver los originales. Esto es lo que llamamos compulsa electrónica.

Asimismo, se adaptarán todos los procedimientos y servicios para que la ciudadanía pueda tramitar a través de medios electrónicos. El calendario de adaptación se publicará y se mantendrá actualizado en la sede electrónica. En todo caso, a partir de la entrada en vigor del decreto, deberá preverse en las convocatorias de ayudas y de procesos selectivos, y en la contratación de la Administración Pública.

 

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